El Ministerio de Consumo ha sancionado por un importe de 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
La sanción más elevada es para Ryanair con 107.775.777 euros, seguido de Vueling, con 39.264.412; Easyjet, con 29.094.441; Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea con 1.189.000 euros, según fuentes del ministerio.
Con la orden firmada por Pablo Bustinduy se confirman las sanciones que propuso la Secretaría General de Consumo y Juego hace meses y se desestiman, por tanto, los recursos de alzada interpuestos por estas compañías. El ministro ha señalado ante la prensa que «ninguna compañía por grande o poderosa que sea está por encima de la ley» y que «no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de consumidores o en prácticas abusivas».
No obstante, Bustinduy ha recordado que las aerolíneas «están en su derecho de recurrir» y que «serán los tribunales los que determinen».
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina a gran parte de las aerolíneas mundiales, ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que recurrirá la sanción de Consumo por ser «manifiestamente ilegal» e «ignorar la normativa europea».
«Es una decisión espantosa, que lejos de proteger los intereses de los consumidores es una bofetada a los viajeros que quieren elegir», ha asegurado en un comunicado el director general de la IATA, Willie Walsh. «La medida tomada por el Gobierno español es ilegal y debe ser detenida», ha asegurado.
La patronal de aerolíneas puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Una vez transcurrido este plazo, si las compañías no han presentado un recurso ante la justicia, la orden será efectiva. Las aerolíneas interpondrán los recursos de forma individual, ha indicado ALA, que ha señalado que «todas ellas ya han manifestado una postura común de rechazo» frente a esta decisión del Gobierno.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comentado la sanción en X, indicando que «las reglas del juego son las mismas para todos» y que «los consumidores tienen derechos y las empresas tienen la obligación de protegerlos».
