Una operación conjunta de la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil ha hecho caer un grupo criminal que tenía una estructura estable y una clara distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo: cometer estafas a gran escala con DNI robados o duplicados de forma fraudulenta .
Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil detuvieron a 39 personas en una operación conjunta en la que aseguran haber desmantelado este grupo, que operaba fundamentalmente en Tarragona. Aseguran que han estafado casi un millón de euros a más de 700 víctimas . Con los datos de sus documentos de identidad pedían créditos que después no pagaban.
Sin embargo, los investigadores no descartan que el número de víctimas siga aumentando, ya que muchas ni sabían que se encontraban en listas de deudores después de sufrir la estafa.
Todo empezaba comprando los datos de personas. Estos datos los obtenían, según los investigadores, mediante el hurto o robo físico del DNI, o bien mediante fotos de los documentos realizados por miembros de la organización, que trabajaban en centros de ocio de Tarragona y Reus .
Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas de créditos y comprobaban, a través de una simulación, si con estos datos podían tener acceso a un crédito . En caso afirmativo, la empresa crediticia les pedía otros datos personales, como el puesto de trabajo, la nómina o la antigüedad, que otros miembros de la banda obtenían introduciendo los datos en la web de la Seguridad Social.
Con toda esta información necesitaban dar un último paso, la falsificación de la nómina y de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio.
Conseguido esto, la organización criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaba créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba por internet teléfonos de gama alta y otros productos tecnológicos de lujo. Algunos de estos productos se enviaban a determinados sitios de todo el Estado, donde los recogían otros miembros de la organización.
En el caso de los teléfonos móviles, se vendían en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de los propietarios , que así obtenían dinero en metálico.
Además, en algunas de estas páginas web donde adquirían los teléfonos podían contratar tarjetas de crédito, lo que aprovechaban para solicitarlas y utilizarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.
Según la investigación, la organización también tenía un colaborador que trabajaba para una empresa de telefonía y que se encargaba de que la documentación aportada por la organización criminal se aprobara y se tramitara con mayor celeridad.
